Circula por la red: INDECENCIAS.

EL GOBIERNO VA a bajar el sueldo a los funcionarios y va a suprimir el cheque-bebé para afrontar la crisis que han generado los bancos y los especuladores bursátiles.

Nos gustaría transmitirle al Gobierno y al PP, que también gobierna en muchas Comunidades Autónomas y organismos, lo siguiente:

Dediquen su empeño en rebajar LA VERGÜENZA DEL FRAUDE FISCAL, que en España se sitúa alrededor del 23% del P.I.B. (10 puntos por encima de la media europea) y por el que se pierden 241.000 euros, fraude que repercute en mayores impuestos para los ciudadanos/as honestos/as.

TENGAN LA VERGÜENZA de hacer un plan para que la Banca devuelva al erario público los miles de millones de euros que Vds. les han dado para aumentar los beneficios de sus accionistas y directivos; en vez de facilitar el crédito a las familias y a las empresas, aumentas las comisiones por los servicios bancarios.

PONGAN COTO a los desmanes de las empresas de telefonía y de ADSL que ofrecen los servicios más caros de Europa y de peor calidad.

ELIMINEN la duplicidad de muchas Administraciones Públicas, suprimiendo organismos innecesarios, reasignado a los funcionarios de carrera y acabando con los cargos, asesores de confianza y otros puestos nombrados a dedo que, pese a ser innecesarios en su mayor parte, son los que cobran los sueldazos en las Administraciones Públicas.

HAGAN que los políticos corruptos de sus partidos devuelvan el dinero equivalente a los perjuicios que han causado al erario público con su mala gestión o / y sus fechorías, y endurezcan el Código Penal con procedimientos judiciales más rápidos y con castigos ejemplares para ellos.

La TRAMA de corrupción del caso Gürtel no sólo obtuvo a dedo adjudicaciones amañadas por diferentes organismos de la Generalitat Valenciana para fraccionar los contratos, sino que la red que dirigía en Valencia el gerente de Orange Market, Álvaro Pérez, subcontrataba esos encargos a otras empresas por precios hasta diez veces inferiores. Con ello, obtenía, sólo por hacer de intermediario, beneficios que superaban el 500%. Como ejemplo una contratación de la Consejería de Cultura y Educación, dirigida por Alejandro Font de Mora.

DIJO la Vicepresidenta del gobierno "que es indecente que mientras la inflación es -1%,y tengamos más de 4.000.000 de parados, haya gente que no esté de acuerdo en alargar la jubilación a los 70 años".

Nos gustaría transmitirle a esta "Sra. Vicepresidenta" y a todos los políticos, lo que consideramos indecente :

INDECENTE, es que el salario mínimo de un trabajador sea de 624 €/mes y el de un diputado de 3.996, pudiendo llegar, con dietas y otras prebendas, a 6.500 €/mes.

INDECENTE, es que un profesor, un maestro, un catedrático de universidad o un cirujano de la sanidad pública, ganen menos que el concejal de festejos de un ayuntamiento de tercera.

INDECENTE, es que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca (siempre por unanimidad, por supuesto, y al inicio de la legislatura).

INDECENTE, es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación y a los diputados les baste sólo con siete, y que los miembros del gobierno, para cobrar la pensión máxima, sólo necesiten jurar el cargo.

INDECENTE, es que los diputados sean los únicos trabajadores (¿?) de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF.

INDECENTE, es colocar en la administración a miles de asesores = (léase amigotes con sueldos que ya desearían los técnicos más cualificados)

INDECENTE, es el ingente dinero destinado a sostener a los partidos, aprobados por los mismos políticos que viven de ellos.

INDECENTE, es que a un político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo. (ni cultural ni intelectual).

INDECENTE, es el coste que representa para los ciudadanos sus comidas, coches oficiales, chóferes, viajes (siempre en gran clase) y tarjetas de crédito por doquier.

INDECENTE No es que no se congelen el sueldo sus señorias, sino que no se lo bajen.

INDECENTE, es que sus señorías tengan seis meses de vacaciones al año.

INDECENTE, es que ministros, secretarios de estado y altos cargos de la política, cuando cesan, son los únicos ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir dos salarios del ERARIO PÚBLICO.

INDECENTE, son Los Privilegios económicos de la Iglesia, a cuenta del Estado.

La Iglesia se encuentra exenta del pago del Impuesto sobre Construcciones y recibe cerca de 150 millones de euros al año de los Presupuestos Generales del Estado, una cantidad que siempre supera a la que ofrecen los católicos en su declaración de la renta. Todo ello sin contar partidas millonarias a sus ONG, centros educativos o de caridad. Detallamos algunos de estos privilegios del catolicismo, que corren a cuenta del contribuyente.

Una ley de 1845

La exención del pago del IBI es un privilegio del que gozan hoy más de 100.000 ministros de culto entre las confesiones católica, musulmana y protestante. Hoy siguen exentos de tributación, por ejemplo, los huertos y jardines de titularidad eclesiástica que no superen las dos hectáreas. La ley data de 1845. Cualquier persona debe pagar IBI por su vivienda, pero los sacerdotes están libres de ello y muchos viven en grandes pisos de los cascos históricos de ciudades. En total hay casi 20.000 curas seculares de los que el 40% están jubilados.

La Iglesia Católica no paga tampoco ese impuesto por construir colegios, universidades y hospitales privados, ni cuando hace obras en emisoras de radio privadas. El número de parroquias no baja de 23.000 en el Estado español. Cuenta con seis universidades, 25 colegios mayores o residencias de estudiantes, 280 museos, 130 catedrales o colegiatas y casi mil monasterios. Las transacciones entre el Estado y las arcas de la Iglesia no se limitan a los Presupuestos Generales del Estado.

Algunos Ministerios como los de Educación, Defensa, Sanidad y Trabajo completan el flujo de euros, así como las diferentes consejerías de los gobiernos autonómicos y la mayoría de los ayuntamientos del Estado español. La Iglesia no considera estas partidas parte de la financiación estatal. Lo ven como una transacción económica normal: servicios para el Estado a cambio de un dinero por su parte.

La asistencia social a través de ONG vinculadas a la Iglesia como Cáritas España o Manos Unidas, además de los centros hospitalarios y de caridad y los pagos de los capellanes hospitalarios, penitenciarios y castrenses suponen más de 150 millones de ingresos. A estas cifras hay que sumar los fondos destinados al Patrimonio artístico e inmobiliario como museos, catedrales y colegiatas. Según datos desvelados por la revista Tiempo, desde el año 2000, el Estado gastó 125 millones de euros entre el Plan de Catedrales y un programa de “arquitectura religiosa”.

Y que sea cuál sea el color del gobierno, toooooooodos los políticos y religiosos (la clásica derechona) se benefician de este moderno "derecho de pernada" mientras no se cambien las leyes que lo regula. ¿Y quiénes las cambiarán? ¿Ellos mismos? Já.

Juntemos firmas para que haya un proyecto de ley con "cara y ojos" para acabar con estos privilegios, y con otros.

ÉSTA SÍ DEBERÍA SER UNA DE ESAS CADENAS QUE NO SE DEBE ROMPER, PORQUE SÓLO NOSOTROS PODEMOS PONERLE REMEDIO A ESTO, Y ÉSTA, SI QUE TRAERÁ AÑOS DE MALA SUERTE SI NO PONEMOS REMEDIO. Está en juego nuestro futuro y el de nuestros hijos.