Servidores públicos.

Hay una denuncia, de esas que andan por la red, sobre el despilfarro que supone el mantenimiento de los políticos en España que me ha enviado un amigo y que creo que sería bueno que todos conocieran, visitando por ejemplo ESTA DIRECCIÓN. Tiene algunas imprecisiones pero en general creo que se adapta bastante a la realidad, o al menos da una impresión general de lo que está sucediendo. No obstante creo que aún se queda corto.

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En primer lugar porque cuando habla del número de políticos que mantenemos en la administración se queda corto, muy corto. Las cifras que da son los 85.000 cargos electos a través del voto directo, pero además, existen cargos que no están incluidos. De hecho sólo menciona lo que podemos llamar el poder legislativo del estado, omitiendo, salvo en la administración local, a los miembros del poder ejecutivo, por ejemplo el presidente del gobierno y los ministros, los presidentes autonómicos y sus consejeros. Pero es que resulta, además, que la administración pública está llena de cargos de mayor o menor rango que son políticos, aunque no necesariamente tendrían que serlo. Me refiero a tanto Director General como existe en las distintas administraciones, Subsecretarios, Directores Provinciales de Organismos Estatales, Gobernadores, (ahora se llaman delegados o sub-delegados del gobierno), pero también directores de empresas públicas, (que alguna queda todavía), y demás recovecos de la administración. El mencionado mensaje ya indica que no hay nadie que sepa, (o que si lo sabe lo diga), cuántos políticos viven de la teta del contribuyente. Un alcalde de una ciudad mediana tiene un “staff” inmenso formado por “personal de confianza” a quien puede contratar a su antojo y sin ningún tipo de control público, lo que le permite, en última instancia, dar empleo a cuantos amigos o compañeros del partido quiera. Son los técnicos del Gabinete de Prensa, que se dedican a hacer campaña política a favor de la Corporación a costa de nuestros bolsillos, son los expertos en tantas y tantas facetas como se quiera que están ahí con la sola condición de que cuando cese el político que los contrató, (por ejemplo el Alcalde), tienen que cesar también de su cargo. Ahora bien, es costumbre que antes de que tan triste acontecimiento llegue, las autoridades se preocupen del futuro de sus pupilos y antes de que suceda lo inevitable se habrán ocupado de que los tales alcancen el rango de funcionarios y se queden a engrosar las filas de la administración en cargos bien remunerados y que requieran poco o ningún esfuerzo. Sucede en todos los ayuntamientos pero es especialmente significativo lo que sucede en las diputaciones provinciales, organismos bastante desconocidos para el personal, donde recalan los servidores de los partidos que se quedan sin cobrar de las arcas públicas, incluidos los concejales, alcaldes y tenientes de alcalde. Por cierto, en mi ciudad, de catorce concejales que tiene el ayuntamiento nueve son tenientes de alcalde, una figura establecida como segundo del alcalde, pero que aquí llega hasta el noveno ordinal. No obstante, es importante darse cuenta de que lo que estamos comentando no tiene nada que ver con el comportamiento particular de ningún partido y que todo lo dicho aquí, (lo mismo que en el mensaje a que da lugar este comentario), se refiere a la casta política en general, sean del partido que sean, pues no hay ninguno que sea ajeno a este despilfarro ni ninguno que haya intentado ponerle coto.

Luego están todos esos gastos de representación, ayudas al desempeño del cargo, etc., que tienen muy poco control por parte de la intervención de fondos.

Y qué decir de las prebendas que los políticos obtienen del mundo empresarial, prebendas que compensan a través de los presupuestos públicos, pues si la empresa da un euro a un político a través de un favor, lo tienen que recibir con creces por otro lado y eso también va a costa del erario público. Hay mucho Gürtel en España.

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Hay un aspecto de este tema que es muy significativo: la aceptación de la ciudadanía de estos excesos entendidos como inevitables. Puesto que tales señores han sido elegidos por todos nosotros, encontramos dificultades a la hora de censurarles su rapiña, según mi opinión, por dos motivos:

Primero porque de alguna manera somos responsables de ello por haber acudido a votar y haberlos elegido nosotros, son criaturas nuestras, de alguna manera.

En segundo lugar porque pensamos, y bien que se ocupan ellos de recordárnoslo, que las elecciones son la base de la democracia y la democracia es mucho mejor que una dictadura.

Pero hay todavía una tercera razón que se basa en estas dos y que los políticos utilizan con mucha eficacia. Para desviar la atención de quienes realizan el despilfarro se echa la culpa a los funcionarios y todos contentos. Los funcionarios, que tienen un pasado anclado en la dictadura, pues antes de la democracia eran elegidos de modo clientelar por los que ostentaban aquel poder, son vistos como rapaces depredadores del administrado y sobre ellos recaen las culpas de todos los excesos públicos.

Cuando el gobierno decide recortar el gasto público le baja el sueldo a los funcionarios, incluidos muchos de ellos que están al borde del salario mínimo, y ya está. Todos contentos. El público satisfecho con que “les den caña” a estos vagos y ellos, a lo suyo, es decir, a la defensa de los intereses públicos y del bien común, que es lo que quita el sueño a la casta política.

Y… A aldeano tonto, patata gorda.