Desde
que han irrumpido nuevos actores en el panorama político español (Podemos) se
ha instalado, con carácter de cierta permanencia, una nueva polémica que divide
la opinión de aquellos que se interesan por la cosa pública. Se trata del
debate sobre si “el régimen de la transición del 78” ha dado lugar a un momento
histórico “modélico” o si debemos someterlo a crítica, censurando aspectos de
aquel movimiento político que no cumplieron las expectativas en él depositadas,
(al tiempo que se aplauden sus logros, cuando los ha habido). La sola consideración
de tal cosa es ya un absurdo lógico. Cuestionar la posibilidad de tal crítica, que por supuesto es legítima, (¡faltaría más!), es una señal de
que algo no va bien, como si el régimen vigente en España gozara también de los privilegios dialécticos de la
Santa Sede, es decir, de la infalibilidad que hasta ahora era una prerrogativa exclusiva
del Papa de Roma.
La
realidad es bien distinta. Las acciones humanas están siempre sujetas a crítica
y si se trata de cosas que se desarrollan por procesos que, nada tienen que ver
con los procesos puramente matemáticos, como son los de la política, la
justicia, la historia, etc.; con más razón aún. El régimen constitucional del
78 arranca del intento de solucionar un problema insoluble, a saber: ¿cómo
acabar con un régimen en el que ya no creía ni la derecha celtibérica, porque
estaba estropeando muchas posibilidades de negocio que se veían limitadas por
no estar inmersos en el aluvión general de los llamados “países democráticos”,
con toda la estructura del estado formando parte de aquel régimen de orígenes
fascistas y golpistas que se apoyaba en el control militar de la población?
En
aquel tiempo se produjeron dos situaciones de cambio bien distintas que
acabaron confluyendo en el régimen resultante. Por un lado estaba el empuje
auténticamente democrático de los que estaban hartos de soportar una dictadura,
(aunque ya para entonces hubiera devenido en algunos aspectos en “dicta-blanda”),
y por otra parte, estaban aquellos que lo que querían era meternos en los procesos de negocio que se estaban dando en el mundo, muchos de
los cuales no eran accesibles a nosotros por seguir en esa extraña
“excepción anti-democrática”. Pero más allá de esto, se trataba de abrir las
puertas a los negocios que países extranjeros como los Estados
Unidos o la República Federal Alemana aspiraban llevar a cabo en España, en
especial, en cuanto a los deseos americanos de integrarnos en el pacto
atlántico para servirse ellos mejor en la defensa de sus particulares intereses
nacionales.
Es
evidente que el trasfondo de intereses económicos y políticos particulares era
el que dominaba los procesos de cambio que se estaban dando, pero también es
evidente, que ese relato no se le podía contar a la población, el relato de la
transición debía ser otro. Suárez, una vez que fue Presidente del Gobierno, llegó a creerse
que podía defender los intereses de los españoles por encima de todo. Fue
enviado al vertedero de la historia mediante una campaña de críticas desde
ambos lados del mapa político.
Se
había equivocado de papel. Quien de verdad ostentaba el poder en España eran
grupos de poder como los americanos, representados aquí por el gabinete de
abogados Garrigues-Walker, (del que formaba parte Antonio Garrigues, miembro de
la Trilateral). A Felipe se lo explicó muy bien Willy Brandt y él no cometió el
error de pensar que tenía vía libre para hacer lo que quisiera como hizo
Suárez. Ahora se está empezando a saber que, en realidad, el 23-F fue un golpe
para acabar con la carrera de Suárez y de aquellos
que anteponían los intereses nacionales a los intereses “realistas”.
La
transición, después del breve periodo Calvo-Sotelo, fue dirigida por los socialistas entre los
años 1982 y 1996, año en que finalmente triunfa José María Aznar ante los
escándalos del gobierno bien aireados por casi toda la prensa. En
ese periodo, España conoció una modernización evidente: ley del divorcio,
reforma fiscal, (ambas de Fernández Ordóñez, que había sido miembro del partido
de Suárez), leyes que sirvieron para garantizar los derechos constitucionales,
reforma educativa. Además, España, que había ingresado en la CEE en 1986, lo
hizo también en la OTAN, después de un referéndum en el que el apoyo de Felipe
González fue decisivo, pues había dicho que si la consulta impedía el ingreso
de España en la organización él dimitiría.
Si
miramos los cambios producidos en el periodo podemos comprobar que, pese a que
la mayoría de la gente obtuvo mayores garantías para ejercer sus derechos, en
lo que respecta a los aspectos económicos se puede afirmar que muy poco cambió
en la economía respecto de lo que había en el franquismo. De hecho, los cambios
más importantes fueron la paralización de la industria española, que había
estado dirigida desde el estado a través el I.N.I., mediante la llamada reconversión
industrial; y la privatización de muchas de aquellas empresas que empezaron a
pasar a manos privadas, proceso este último que aún continúa y que tuvo su
mayor “éxito” en la época Aznar, pero que ya en la época González alcanzó a
muchas empresas públicas.
Gran
parte del negocio industrial fue desmantelado por presiones internacionales.
Había que quitar industrias en España para que fueran rentables las de otros
países competidores. Así se hizo en la siderurgia, en la minería, en la
construcción naval y muchos otros sectores. De manera que desde los años
ochenta se empezó a vislumbrar los tipos de negocio que servirían para
alimentar las grandes fortunas nacionales: el negocio conocido como de “el
ladrillo”(1), muy ligado al del turismo; y el monopolio de servicios públicos,
muchos de ellos privatizados por entonces y vendidos a los amigos (2).
Quedó, pues, un país con unas estructuras económicas
muy simples, (esa fue una de las bases de su fracaso). Una agricultura de
latifundio en el sur y con escasas inversiones en el norte; una industria
desmantelada con fábricas propias de un país menor: alimentación, algo de
textil y poco más; una industria foránea que sentó aquí sus bases por el menor
coste de la mano de obra, especialmente la industria del automóvil; los
monopolios del franquismo que siguieron campando a sus anchas sin competencia
alguna (por ejemplo las eléctricas); y los grandes nichos de negocio hispanos:
el turismo de sol y playa y la construcción, junto con el maravilloso mundo de
los servicios que iba a dar trabajo a todos los desempleados de la Tierra,
según se decía.
Este precario mundo empresarial, con la inestimable
participación de las empresas crediticias y financieras, es el que ha dirigido
los destinos de la patria durante todo el periodo democrático. Y ¿qué hicieron
los flamantes partidos democráticos para superar esta situación o, al menos,
para minimizar sus efectos para las clases populares? Apropiarse de todo lo
público, (del dinero de todos); repartírselo a los privilegiados en forma de
subvenciones o permitiéndoles precios de monopolio; dirigir la política
económica hacia donde la oligarquía necesitaba en cada momento, (subvenciones a
la compra de coches, a la de pisos, obras faraónicas, infraestructuras, etc.);
sujetar y neutralizar las reivindicaciones del personal (desde la izquierda);
vendernos la idea de la economía de emprendedores (desde la derecha) como si en este
sistema todos tuviéramos la oportunidad de hacer negocios y, por último,
echarse a sestear al sol a vivir como reyes engañando a este pueblo ignorante
que no recordaba ya lo que era una democracia de verdad, llevándose el dinero
para mayor gloria de sus partidos y de sus bolsillos particulares.
Si tal cosa es como la pintamos aquí ¿cómo ha podido
funcionar durante tanto tiempo? Pues ha funcionado porque el llamado régimen de
la democracia ha sido un régimen de la ocultación, del camuflaje, del engaño,
del disimulo, en definitiva, un régimen de la mentira.
Alfonso Guerra hablando
de los descamisados y su hermano usando el despacho de la Junta de Andalucía
para hacer negocios con los empresarios y construir una carretera que atravesara el Coto de Doñana. OTAN, de entrada, NO. El rey salvando la patria de la
invasión golpista la noche del 23F. La “enorme” creación de empleo durante el
Gobierno Aznar basada en la burbuja inmobiliaria ¿Tal vez porque los que pensábamos que eso no podría funcionar éramos premios nobeles de economía y veíamos lo que
los demás no podían ver? La participación de ETA en los atentados de Atocha
para tapar que toda la policía de España no fue capaz de detectar lo que se
estaba fraguando. ¡Les ha venido siempre tan bien lo de ETA a la derecha! ¡No
juguéis con el dolor de las víctimas! (Que ya lo hacemos nosotros). Las armas
de destrucción masiva de Irak, y nuestros tanques protegiendo las caravanas de
camiones de petróleo de la Shell, B.P. y demás compañías. La creación de
infraestructuras y más infraestructuras y la gente encantada porque éramos el
país del mundo con más kilómetros de AVE, (y menos kilómetros de ferrocarril
por habitante de la OCDE), aeropuertos hasta en Castellón, y en Ciudad Real,
una autovía de Navalmoral de la Mata hasta Plasencia, imprescindible, claro. El
fútbol, el fútbol y el fútbol. Y mientras tanto, el mayor negocio inmobiliario
de España en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Florentino Pérez, Ramón
Calderón, Lorenzo Sanz, Ramón Mendoza, todos ellos haciéndose inmensamente
ricos y nosotros apoyando a los “Ultra-Sur”. “Yo moriría por el Atleti” decía
el Lucky Luciano de Madrid. Porque el Barça es mas que un club. Pagábamos el
recibo de la luz dando saltos de alegría porque nuestro equipo le había marcado
“al enemigo”.
Yo no sé
muchas cosas, es verdad.
Digo tan sólo lo que he visto.
Y he visto:
que la cuna del hombre la mecen con cuentos,
que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos,
que el llanto del hombre lo taponan con cuentos,
que los huesos del hombre los entierran con cuentos,
y que el miedo del hombre...
ha inventado todos los cuentos.
Yo no sé muchas cosas, es verdad,
pero me han dormido con todos los cuentos...
y sé todos los cuentos.
Sé todos los cuentos (León Felipe)
1) La ley del suelo franquista databa de 1956 y fue modificada en el último año de vida del dictador para adaptarla a las modificaciones que se habían ido produciendo en el tiempo, modificaciones administrativas que no cambiaban nada el fondo de la cuestión. Sorprendentemente, cuando los socialistas llegan al poder en 1982 no cambian nada de la ley del suelo franquista. Pero más sorprendente aún es que, cuando finalmente acometen la reforma de la misma en 1990, se limitan a matizar cuestiones relativas al derecho a edificar (ius aedificandi), que no tocaron en lo más mínimo el sistema que había llevado a la especulación del suelo a ser el mayor negocio del país, un negocio con plusvalías superiores al tráfico de drogas, de armas o la prostitución.
2) En cuanto a las privatizaciones, el propio SEPI (del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), nos da cuenta de las que se realizaron durante el periodo González. Destacando: “las de automoción, SEAT y ENASA. También destacan TRASATLANTICA (transporte marítimo); MARSANS (Sí, la que dirigió ese presidiario) y ENTURSA (turismo); SECOINSA y TELESINCRO (electrónica); La Maquinista Terrestre y Marítima, ATEINSA y Fábrica San Carlos (bienes de equipo); G. E. Álvarez y ARTESPAÑA (artesanía), y La Luz, OESA y otras pequeñas empresas de alimentación, además de empresas de menor entidad pertenecientes a estos y otros sectores productivos.” “Hasta 1996 se completaron 16 Ofertas Públicas de Venta de acciones (OPVs), que produjeron unos ingresos de más de 10.200 millones de euros (1,7 billones de pesetas) y que permitió la salida al mercado bursátil de empresas, encuadradas en el segundo grupo, como ENDESA, REPSOL, ARGENTARIA, TELEFÓNICA y ENCE.”
